Fuente: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazó enérgicamente la aprobación del Proyecto de Ley 491, “Que promueve un Fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados, cuyo pago sea inferior a B/.600.00 y dicta otras disposiciones”, calificándolo como una medida improvisada, peligrosa y carente de sustento técnico que pone en riesgo la estabilidad económica, la competitividad del país y la seguridad jurídica.
El gremio fue enfático al señalar que, aunque la intención de apoyar a los jubilados de menores ingresos es legítima, este proyecto constituye un grave error de política pública al intentar resolver un problema estructural mediante decisiones aisladas que trasladan costos a sectores productivos clave.
Según la CCIAP, particularmente, la imposición de un cargo por cada contenedor (TEU) representa un golpe directo a la competitividad internacional del sector logístico y portuario, uno de los principales motores de la economía panameña. “Gravar la plataforma logística del país es atentar contra nuestra propia competitividad”, advirtió Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP.
El gremio alertó que este tipo de medidas no se quedan en el sector afectado, sino que se trasladan a toda la cadena productiva, encareciendo bienes esenciales y golpeando directamente el bolsillo de los panameños.
Asimismo, cuestionó duramente el hecho de que se pretenda financiar obligaciones del sistema de pensiones con recursos ajenos a su estructura, sin estudios actuariales, sin claridad financiera y sin garantías de sostenibilidad. “Esto no es una solución: es trasladar el problema y agrandarlo”, señaló Barría Pino.
“Este proyecto es una decisión equivocada que puede salirle muy cara al país. No se puede seguir improvisando con temas tan sensibles. Se están creando obligaciones sin respaldo, afectando sectores estratégicos y comprometiendo el futuro económico de Panamá”, afirmó el presidente de la CCIAP.
El gremio también advirtió sobre el riesgo de conflictos legales derivados de la afectación indirecta a contratos de concesión, lo que podría desencadenar litigios y erosionar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
“Panamá no puede darse el lujo de tomar decisiones apresuradas que afecten su principal plataforma económica. Solicitaremos el veto de este Proyecto de Ley”, concluyó Barría Pino.
