La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) elaboran el Plan Nacional de Contingencias por Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Peligrosas, que debe pasar por la AN.

Por: Lenny Durán

Los derrames de hidrocarburos y sustancias contaminantes en mares generan pérdidas cuantiosas en todo el mundo. Aparte de dañar los ecosistemas marinos y terrestres, la descontaminación puede acarrear grandes costos.

En Panamá, la limpieza de los derrames recurrentes de hidrocarburos en la isla de Taboga, denominada “zona caliente” por los accidentes de este tipo que se han generado en sus costas  puede llegar al millón de dólares. El más reciente se produjo en junio del año pasado y afectó a los peces y aves del lugar, además de afectar el turismo.

El tema sobre los derrames y recuperación de combustible en el mar formó parte del programa de la Conferencia Anual Marítima 2022 denominada “Un nuevo comienzo” y tuvo como expositores a Yader Sánchez, jefe de la Unidad Ambiental de la Autoridad Marítima de Panamá; Juan Diego Reyna, presidente de Phoenix Marine y Ricardo Wong, presidente de la Fundación para la Protección del Mar, PRO-MAR. 

La AMP se ha visto obligada a asumir costos de los derrames, por la falta de empresas que se responsabilicen de los accidentes. Para Yader Sánchez, entre los problemas que enfrentan es la falta de apoyo por parte de algunos sectores.

“Muchas veces los capitanes o los operadores de las terminales no quieren informar a las autoridades. Nosotros levantamos procesos administrativos y tenemos una desventaja: la ley que tenemos es de 1980 y los costos por derrames son muy bajos. Muchas veces no reportan este tipo de derrames, no le informan a las autoridades y allí tenemos el problema, debemos llamar a las empresas que hacen estos trabajos y es un costo que es del Estado mientras se hacen las investigaciones pertinentes”.

A esto suma el hecho de que algunos puertos permiten el acceso de empresas sin licencias de operación, las cuales no acatan las buenas prácticas. Actualmente la AMP trabaja en la elaboración de un Plan Nacional de Contingencia conjuntamente con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que una vez redactado debe ir a la Asamblea Nacional para su revisión y aprobación.

Un problema global

Juan Diego Reyna (Phoenix Marine) recordó el caso Exxon Valdez (1989), producido en Prince William Sound, frente a la Costa de Alaska, donde se vertieron 37 mil toneladas de crudo en el mar, el cual dio origen a la ley para la contaminación por petróleo denominada “Oil Pollution Act 1990” (OPA, por sus siglas en inglés), la cual señala que el Gobierno federal debe desarrollar planes de contingencia y emplaza a los propietarios o armadores de buques a elaborar sus planes de respuesta y crear un fondo para atender este tipo de contingencias.

Reyna también considera que Panamá debe actualizar su legislación. “Vamos a tener un plan nacional de contingencia que debe terminarse, eso nos va a obligar a tener un mapa de sensibilidad actualizado y una política realmente dispersante, que es importante porque un dispersante (químico) sigue siendo uno de los métodos desde los 60 más utilizados en la lucha contra la contaminación, pero poder utilizarlo rápidamente es un tema que hay que evaluar en cuanto al impacto y para eso tenemos que tener una política real de cómo se puede usar, cuándo y en qué momento”.

También destaca el uso de la tecnología en tiempo real, como, por ejemplo, sistemas de infrarrojos, un sistema de monitoreo en “sitios calientes” como el área de Taboga y el uso de modelaciones ecográficas.

Ricardo Wonk (PRO-MAR) destacó que el sector en este momento no tiene la capacidad para  tratar especies contaminadas. “Creo que todos aquí están conscientes del daño ambiental que ocurre cuando una mancha llega a tierra, entra a manglar, entonces yo sí creo que es importante que evaluemos algo que se ha dicho aquí, que tenemos que tener equipos puestos en los sitios calientes para poder atender lo más pronto posible el daño. Hay una ardua labor de capacitación y para ponernos de acuerdo”.

Recorridos terrestres y acuáticos

Al culminar su exposición, Hub News conversó con el jefe de la Unidad Ambiental de la AMP, Yader Sánchez, quien mencionó otras acciones que realiza el organismo para enfrentar los derrames de este tipo.

“Estamos implementando recorridos terrestres y acuáticos en las áreas donde hay mayor riesgo, para prevenir este tipo de incidentes. También estamos abordando las embarcaciones y haciendo verificación de papeles, de documentación.

Hemos puesto puntos verdes donde se recogen los desechos que generan los barcos, para que de una u otra manera una empresa le halle la disposición adecuada y sean llevados a una planta de tratamiento para su debido reciclaje, y entre las otras cosas que implementamos están las capacitaciones en las universidades, escuelas y  otros centros de educación para que las personas sepan lo importante que es prevenir y mantener nuestras costas y mares limpios.

¿Cuándo presentarían la propuesta a la Asamblea Nacional?

No podría decirle una fecha. Ya tenemos un borrador, eso tiene que pasar por un Departamento de Asesoría Legal y Resolución y Consulta de nuestra institución.

¿Qué consecuencias traen este tipo de derrames al ecosistema y desde el punto de vista económico?

Un galón de hidrocarburos, de alrededor de 3.7 litros, puede contaminar 10, 12, 20 millones de litros de agua, o sea que de un solo galón se puede ocasionar un derrame bastante complejo para la vista, un impacto visual muy grande.

Una de las consecuencias principalmente al medio ambiente es la falta de oxígeno, los peces se ven mayormente afectados y las algas también porque ellas necesita la luz del sol para hacer el proceso de fotosíntesis. Muchos de los animales necesitan las algas para comer; los peces y las tortugas también se ven afectadas y esto se vuelve una cadena. También las aves se ven afectadas porque se impregnan con hidrocarburos.

El impacto económico también es fuerte porque muchas veces cuando ocurren estos derrames en una embarcación o en un puerto los barcos se paran y un barco parado ocasiona atrasos y altos costos para las navieras y para los mismos operadores  de los puertos.