La ARAP desmiente la existencia de descontrol pesquero en Panamá, aclarando que el sistema de monitoreo satelital está en un proceso de expansión normativa y técnica para cubrir la flota nacional. Actualmente se ejecutan procesos de reclasificación y fiscalización que han permitido obtener certificaciones internacionales de comparabilidad y cumplimiento en la lucha contra la pesca ilegal.
El diputado Roberto Zúñiga (Bancada Independiente Vamos) se reunió con directivos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), declarándose aliado y confiado en su capacidad técnica para obtener la tarjeta verde de la Unión Europea. La ARAP le presentó sus avances en trazabilidad, tecnología y capacidad sancionadora para combatir la pesca ilegal (INDNR), lo cual es crucial para la auditoría de la UE y evitar la negativa tarjeta roja.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de su Dirección de Puertos, implementó un sistema digital con códigos QR en licencias de servicios marítimos auxiliares para permitir la verificación documental en tiempo real y combatir falsificaciones. Esto moderniza la fiscalización de actividades críticas del sector, acelerando procesos y fortaleciendo la seguridad y transparencia de Panamá como plataforma marítima global.
La CCIAP elogia las auditorías en la Asamblea Nacional y pide extenderlas al Ejecutivo y entidades autónomas para erradicar pagos a quienes no trabajan y el “cashback”, calificándolos de robo al erario. Instan a la Contraloría, Asamblea y Ejecutivo a trabajar juntos para castigar estas prácticas y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se unió a otras entidades gubernamentales en una mesa de trabajo convocada por el Municipio de Panamá, con el objetivo de coordinar esfuerzos y mejorar la efectividad de las acciones de fiscalización en el país. Esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento de las normativas comerciales y crear un entorno seguro y transparente para todos los panameños.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha expresado su preocupación por las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Contraloría, argumentando que estas debilitan el rol de este organismo en la fiscalización de los fondos públicos.