A pesar de que la corrupción se ha convertido en la principal preocupación ciudadana en Panamá y es vista como un obstáculo para el desarrollo y el empleo, la Asamblea Nacional mantiene estancados numerosos proyectos de ley anticorrupción. La inacción en el debate de estas iniciativas legislativas, pese a la magnitud de las denuncias (92% de casos de corrupción entre 2018 y 2024), socava la confianza y permite que la impunidad persista, generando un llamado urgente de la sociedad civil por transparencia e integridad.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha presentado una denuncia por presunto peculado contra funcionarios de la Capitanía del Puerto de Balboa. La acción, impulsada por hallazgos en auditorías, señala irregularidades en recaudaciones y registros, como la anulación de recibos y cobros no declarados.
La Asamblea Nacional de Panamá ha perdido mes y medio en actividades improductivas. Es urgente que comiencen a trabajar en legislaciones clave como la revisión del presupuesto y leyes anticorrupción, en lugar de centrarse en intereses políticos.
Un Panamá desarrollado exige el fortalecimiento del Estado de Derecho y una justicia imparcial para todos. A pesar de las miles de denuncias por corrupción y blanqueo, la mayoría no llega a sentencia firme, lo que subraya la necesidad de una aplicación de la ley sin privilegios ni demoras.
Panamá ha prosperado con su sistema democrático y de libre mercado, aunque enfrenta desafíos urgentes como la corrupción y deficiencias en servicios básicos, los cuales deben resolverse fortaleciendo el sistema actual, no cambiándolo, según el sentir de la ciudadanía expresado en las elecciones. El país rechaza modelos autoritarios y prioriza autoridades responsables y transparentes, instando a la acción con verdad y sentido de nación en lugar de obstrucciones basadas en falsedades.
La confianza del consumidor panameño está en aumento, según el último ICCP. Este optimismo se refleja en las expectativas laborales, pero aún persisten desafíos como la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
Los panameños exigen un gobierno transparente, responsable y con separación de poderes.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presentó una denuncia penal contra el IFARHU por la falta de transparencia y la posible comisión de delitos en la entrega de Auxilios Económicos, exigiendo que se castigue a los responsables y se haga pública la lista de beneficiarios.