Fuente: CCIAP
Las decisiones que se tomaron hace 26 años en materia de minería y el marco regulatorio de 1997 llevaron al desarrollo de la inversión directa extranjera privada más grande de la historia de Panamá. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia llevó a los actores a una revisión de un contrato cuando ya existía una obra ejecutada. De allí que, en su momento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a una negociación que tuviera por objetivo los mejores intereses del país.
Las negociaciones de un nuevo contrato se llevaron a cabo frente a una inversión ya realizada que correspondía respetar, dado que se dio bajo el marco legal de su momento.
De la misma forma, se debe cuidar la economía que se ha creado alrededor de este proyecto, el cual ya ha generado miles de empleos directos e indirectos. En este sentido, la firma del nuevo contrato negociado entre las partes nos parece un paso necesario.
No obstante, la evolución de las negociaciones del contrato dejó muy claro que Panamá tiene ante sí la urgencia crítica de establecer una nueva, fuerte y adecuada institucionalidad para gestionar un tema con tantas implicaciones sociales, ambientales y económicas.
El país necesita definir una política minera a través de un nuevo Código Minero, que establezca los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general, dejando atrás prácticas obsoletas y planteando los mecanismos para llevar adelante una minería responsable, en constante revisión y actualización de cara a la modernización continua de la industria.
Se trata de una industria compleja que debe trabajar de forma responsable, con buenos planes de cuidado ambiental para garantizar que no exista un fuerte impacto en el medio ambiente. La minería, por naturaleza, genera riesgos significativos, los cuales deben ser gestionados efectiva y oportunamente por quienes desarrollen esta actividad, sin escatimar esfuerzos, utilizando mejores prácticas, en estricto cumplimiento con la ley y con una fiscalización férrea por parte del Estado.
Para la CCIAP, el abordaje de la actividad minera no puede ser a la ligera; debe venir acompañado de conocimiento y asesoramiento técnico. El primer paso debe ser terminar de desarrollar con rigurosidad la contratación actual, procurando el mejor interés del país y sus ciudadanos. Evitemos que intereses populistas o electorales intervengan en dicho proceso.
Posteriormente, es clave realizar una evaluación general que nos permita avanzar hacia un nuevo estadio de manejo serio y responsable, con rendición de cuentas para todos los actores, en aquellas actividades que así lo defina una nueva política en materia de minería. Los recursos naturales son de todos los panameños y su tratamiento debe ser similar al que se les da a otros temas críticos que nos impactan a todos.
