Fuente: Cámara Marítima de Panamá
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechaza enérgicamente el Proyecto de Ley No. 491, particularmente por la propuesta de establecer nuevos cargos económicos aplicables al movimiento de contenedores y a servicios vinculados a la actividad portuaria y logística. La CMP reconoce la importancia de fortalecer la protección social de los jubilados y pensionados, especialmente de aquellos que perciben ingresos insuficientes, y considera que ese objetivo merece soluciones sostenibles, transparentes y técnicamente bien estructuradas. En ese contexto, estimamos que la figura del fondo en cuestión puede ser un mecanismo válido, siempre que su financiamiento provenga de recursos ya existentes dentro del Estado y no de nuevas cargas impuestas a sectores productivos expuestos a competencia internacional.
Panamá compite directamente con otros hubs de la región por los mismos flujos de carga, por lo que cualquier incremento en el costo total de mover contenedores por el país puede traducirse en pérdida de volumen, desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional. Esta medida no afectaría únicamente a la carga contenerizada o a los operadores portuario, también impactaría a una plétora de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios alrededor del hub marítimo-logístico panameño, las Industrias Marítimas Auxiliares, incluyendo también transportistas, agencias, talleres, suplidores, operadores logísticos, servicios técnicos, empresas de mantenimiento y múltiples actores que dependen del volumen de carga y/o embarcaciones que pasan por Panamá.
Asimismo, advertimos que la propuesta amerita una revisión cuidadosa desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo, particularmente en lo referente a su implementación, recaudación, alcance y compatibilidad con el marco legal vigente en materia portuaria y con las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá.
Por lo anterior, la Cámara Marítima de Panamá considera indispensable que este tema sea objeto de una revisión rigurosa, inmediata y técnicamente sustentada, incorporando un análisis serio de impacto económico, competitivo y regulatorio antes de que se consoliden medidas con potencial de afectar la posición de Panamá como hub logístico y marítimo internacional. En ese marco, reitera su disposición de participar activamente en un diálogo técnico orientado a soluciones responsables, sostenibles y compatibles con la competitividad del país.
