A pesar de que la corrupción se ha convertido en la principal preocupación ciudadana en Panamá y es vista como un obstáculo para el desarrollo y el empleo, la Asamblea Nacional mantiene estancados numerosos proyectos de ley anticorrupción. La inacción en el debate de estas iniciativas legislativas, pese a la magnitud de las denuncias (92% de casos de corrupción entre 2018 y 2024), socava la confianza y permite que la impunidad persista, generando un llamado urgente de la sociedad civil por transparencia e integridad.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destaca la importancia de un proceso de selección serio para los Magistrados de la Corte Suprema, enfocado en principios como la probidad, la independencia y la ética. El texto subraya que tanto los candidatos como la Asamblea Nacional deben demostrar integridad y responsabilidad para asegurar un sistema de justicia que inspire confianza y garantice la seguridad jurídica y el desarrollo del país.
El Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL) se expresa sobre el anteproyecto de ley que busca cancelar la concesión del Ferrocarril del Canal, argumentando que esta acción pondría en riesgo la seguridad jurídica del país y su reputación como destino de inversión confiable. COEL pide diálogo y análisis para encontrar soluciones que beneficien la plataforma logística y eviten arbitrajes costosos.
La Asociación Marítima de Panamá (MAPA) advierte que derogar un contrato ferroviario de forma unilateral afectaría la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Urge a la Asamblea Nacional a que cualquier revisión se haga con análisis técnico y diálogo.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insta a la Asamblea Nacional a conformar de inmediato sus comisiones y abordar temas cruciales como el presupuesto 2026, leyes económicas y de anticorrupción, y la digitalización gubernamental, para restablecer la confianza y promover el desarrollo del país. El objetivo es priorizar decisiones que impulsen la economía, generen empleo y mejoren la calidad de vida de los panameños, evitando los errores del pasado y actuando con responsabilidad y urgencia.
Panamá ha recuperado la confianza internacional al salir de la lista gris del Parlamento Europeo y del GAFI, además de mantener su grado de inversión con Moody’s, lo que impulsa la inversión, el empleo y el acceso a crédito para beneficio de todos. Este logro se debe a años de trabajo técnico y diplomático, y es crucial mantenerlo con transparencia y fortalecimiento institucional para un futuro más competitivo y justo.
Panamá se compromete con un modelo económico de libre empresa, inversión privada y competitividad para generar empleo y crecimiento, como lo indica su Plan Estratégico de Gobierno 2025–2029. El país busca atraer capital garantizando seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y transparencia.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconoce avances en el primer año de gestión del gobierno, destacando mejoras en finanzas públicas, salud y turismo, pero también señala desafíos urgentes en educación, burocracia y justicia.
Un Panamá desarrollado exige el fortalecimiento del Estado de Derecho y una justicia imparcial para todos. A pesar de las miles de denuncias por corrupción y blanqueo, la mayoría no llega a sentencia firme, lo que subraya la necesidad de una aplicación de la ley sin privilegios ni demoras.
Panamá ha implementado nuevos requisitos para operaciones de trasbordo de petróleo entre buques bajo su bandera, exigiendo notificación y trazabilidad obligatoria para combatir la “flota fantasma” y reforzar su reputación marítima.