Fuente: Lenny Durán
El presidente José Raúl Mulino anunció al país la activación de un plan de contingencia, ante el fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la Ley 5 de 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company, S.A.
El fallo del Tribunal se produjo luego de analizar dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley. La medida guarda relación con el Contrato de Concesión entre el Estado y la Sociedad Panama Ports Company, S.A., para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de los contenedores, Ro-Ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.
En su mensaje, el mandatario anunció que, anticipando este escenario, las autoridades, junto a expertos internacionales, elaboraron desde hace meses un plan de contingencia que incluye una transición ordenada, sin despidos y con continuidad operativa, hasta que el fallo de la Corte Suprema de Justicia quede ejecutoriado, para evitar “improvisaciones del pasado, por ejemplo con respecto a la mina de cobre”.
Alberto Alemán Zubieta, líder del equipo técnico
Las conversaciones incluyeron también a empresas del sector portuario, actores del sector marítimo, operadores y clientes de los puertos durante meses. “He designado al asesor presidencial, ingeniero Alberto Alemán Zubieta, de innecesarias referencias, como líder coordinador de un equipo técnico que involucre las diversas competencias relacionadas con los puertos. De esta manera garantizaremos que cada paso se dé con orden, profesionalismo y claridad, no habrá improvisación alguna”, informó Mulino.
Añadió que, una vez el fallo de la CSJ se ejecute, comenzará el período de transición que culminará con una nueva concesión bajo términos y concesiones favorables para el país.
El Jefe de Estado instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para que se reúna de inmediato con la empresa Panamá Ports para que coordine las acciones necesarias. Además, el Ministerio del Trabajo acompañará el proceso para que la transición sea fluida y transparente.
“Quiero dirigirme a los trabajadores, quiero ser claro: su fuente de trabajo es el activo más valioso de nuestras terminales y está garantizado. No se producirán despidos. La Autoridad Marítima y el Ministerio del Trabajo tienen la instrucción directa de mantener un diálogo abierto y cercano con ustedes, protegiendo sus derechos y asegurando que la continuidad laboral de todos los trabajadores, así como el reconocimiento de sus derechos sean respetados y mantenidos”.
Mulino garantizó, además, a los proveedores y clientes de los puertos la continuidad de los vínculos vigentes. “Continuarán como lo hicieron hasta el día de hoy, sin ningún tipo de variación”.
APM asumirá de manera transitoria las operaciones de los puertos
Añadió que, en conversaciones sostenidas con empresas de amplia experiencia en materia de operación portuaria a nivel mundial, APM Terminals Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller Maersk, ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de las terminales Balboa y Cristóbal y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria.
“Esta medida se activará únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños con la garantía de mejores recursos para nuestro país”, dijo el mandatario.
El mandatario pidió la colaboración de Hutchison Ports y CK Hutchison Holdings “con presencia global y celosa de su reputación corporativa” en esta etapa. “El Estado panameño es garante de la defensa de los derechos que le asisten por Constitución y la ley a la empresa. Y también será fiscalizador de las obligaciones contractuales que le corresponden hasta que culmine el período de transición al que me he referido”, resaltó el presidente Mulino.
