Fuente: APEDE

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, calificó como lesivo al Estado de derecho y riesgoso para la seguridad jurídica del país el avance de propuestas en la Asamblea Nacional para derogar concesiones aprobadas bajo la figura de contrato ley, como la que mantiene el Panama Canal Railway Company.

“Un contrato ley no se puede derogar mediante otra ley, porque se trata de una concesión que otorga derechos y obligaciones a una tercera persona. La Asamblea Legislativa no tiene esa facultad. La Constitución solo le permite aprobar o desaprobar los contratos que somete a su consideración el Ejecutivo, nunca derogarlos”, advirtió De Sanctis.

La dirigente empresarial explicó que este tipo de iniciativas no solo carecen de legitimidad, sino que también colocan a Panamá en una posición desfavorable frente a la comunidad internacional.

“Esto pone a Panamá en la palestra pública en cuanto a la protección de inversiones, enviando un mensaje negativo. Aquí alguien firma un contrato, invierte, y luego se le dice ‘se acabó’. Ese precedente erosiona nuestra estabilidad jurídica y afecta la imagen del país como destino confiable para la inversión extranjera directa”, sostuvo.

El debate surge luego de que la Comisión de Comercio de la Asamblea prohijara un anteproyecto de ley que busca derogar la concesión del ferrocarril transístmico, vigente desde 1998, dejando sin efecto el contrato, ordenar una auditoría y convocar a una licitación internacional para un nuevo operador.

De Sanctis advirtió que, si se consolida esta práctica, se abre la puerta a cuestionamientos sobre otros proyectos estratégicos.

APEDE reiteró que el respeto al marco legal y al Estado de Derecho es esencial para garantizar estabilidad económica y sostener la confianza en Panamá como plataforma de inversión.