Fuente: OMI
El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques, conocido como el Convenio de Pekín sobre la Venta Judicial de Buques, que entra en vigor el 17 de febrero de 2026, crea un sistema armonizado y simplificado para reconocer las ventas judiciales de buques a través de las fronteras, ayudando a garantizar un comercio internacional más fluido.
El Convenio de Pekín fue elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho MercantilInternacional (CNUDMI) y adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2022 para abordar el problema de los nuevos propietarios de buena fe y de quienes financian la compra de buques que, por ejemplo, se encuentran con acreedores anteriores que reclaman el buque como garantía de un préstamo.
En virtud del Convenio, una venta judicial realizada en un Estado Parte es reconocida por todas las demás Partes. Esto otorga al comprador un “título limpio”, libre de deudas anteriores o reclamaciones marítimas, y da a los nuevos propietarios la confianza de que su buque no será detenido más tarde en un puerto extranjero. Para garantizar la transparencia, cada Estado en el que se produce una venta debe emitir una notificación de venta judicial y, en su caso, un certificado de venta judicial.
La OMI desempeña un papel clave en la aplicación al servir de depositario de estos instrumentos. Se pondrán a disposición del público a través de un módulo específico de la plataformadel Sistema mundial integrado de información sobre transporte marítimo (GISIS) de la OMI, lo que permitirá a todas las partes interesadas acceder fácilmente a información armonizada sobre notificaciones y certificados de ventas judiciales.
Anteriormente, las ventas judiciales de buques se regían por las leyes nacionales, que variaban mucho de un Estado a otro, por lo que este tratado representa una modernización significativa que reducirá el riesgo y la fricción en las transacciones de buques. Al reducir los riesgos jurídicos y eliminar la incertidumbre, contribuye a reforzar el mercado de buques, apoya la fijación de precios máximos en el mercado y facilita un comercio internacional más fluido.
El Convenio se aplica cuando se produce una venta judicial en un Estado Parte y el buque se encuentra físicamente en el territorio de ese Estado en el momento de la venta. Entrará en vigor el 17 de febrero para Barbados, El Salvador y España, que lo han ratificado.
Lo han firmado 33 Estados, entre ellos Arabia Saudí, Antigua y Barbuda, Barbados, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, China, Chipre, Comoras, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Gabón, Ghana, Granada, Honduras, Italia, Kiribati, Liberia, Libia, Luxemburgo, Malta, Panamá, República Árabe Siria, República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Suiza, la República Unida de Tanzania y la Unión Europea.
