Fuente: CCIAP

En Panamá, llevamos años hablando de corrupción, pero seguimos sin verla enfrentada con la firmeza que merece.

Hace una década, este problema apenas figuraba entre las últimas preocupaciones de los panameños; en 2019, ya escalaba posiciones; hoy, ocupa los primeros lugares en la lista de inquietudes ciudadanas, seguido del desempleo. Ambas preocupaciones están directamente conectadas: la corrupción erosiona la confianza, frena la inversión local y extranjera, impide la creación de empleos y resquebraja las oportunidades de desarrollo que tanto necesitamos.

Actualmente, existen 13 Anteproyectos y 7 Proyectos de Ley en materia de anticorrupción que permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de nuestra sociedad. Se trata de herramientas indispensables para fortalecer las instituciones, proteger a quienes denuncian, promover la transparencia y cerrar los espacios donde la impunidad prospera.

Resulta alentador que diputados de distintas corrientes políticas estén promoviendo estas propuestas. Sin embargo, preocupa que una minoría se haya convertido en un obstáculo para avanzar en esta causa que debería unirnos como país. La corrupción no distingue colores ni ideologías, pero sus efectos alcanzan a todos por igual. Ha penetrado profundamente en nuestra vida pública, con un impacto directo sobre la educación, la salud y la infraestructura pública, por mencionar algunos sectores.

Desde nuestra óptica, el que no la debe, no la teme; por eso no entendemos por qué no se discuten estos proyectos ni por qué se paraliza un debate que la ciudadanía exige con urgencia. Cada día de retraso envía un mensaje equivocado a quienes aún creen en la justicia.

Entre 2018 y 2024, el Ministerio Público recibió 8,197 denuncias, de las cuales el 92% (7,570) corresponden a casos de corrupción. Estas cifras deberían bastar para dimensionar la magnitud del problema y la responsabilidad que recae sobre quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo.

La corrupción nos ha hecho mucho daño: roba recursos, desmotiva el esfuerzo honesto y erosiona la esperanza colectiva. Pero somos más los que creemos en la integridad, en el trabajo honesto y en un país que crezca sobre bases justas y transparentes.

Por eso, exigimos que se avance con estas iniciativas legislativas. Porque Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios y ciudadanos íntegros, corruptos y corruptores tras las rejas y una sociedad vigilante que no tolere la impunidad. Es momento de demostrar que la honestidad sigue siendo el mejor camino. El país está listo para dar ese paso.