Fuente: Lenny Durán
El Decreto de Ocupación que comenzó a regir para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal es una herramienta legítima que tiene el objetivo de garantizar la continuidad de la operación portuaria y tiene base jurídica en la Constitución de Panamá.
Así lo recalcó el presidente José Raúl Mulino, quien aseguró que el Gobierno panameño respeta la propiedad de los bienes. “Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, dijo el mandatario.
El presidente añadió que la Autoridad Marítima de Panamá AMP), en representación del Estado, propietario de ambos puertos, tomó posesión de las instalaciones con estricto apego al derecho panameño y resguardo de los intereses nacionales, ya que se trata de una actividad estratégica para la economía del país y fundamental para el comercio mundial.
Explicó que la firma de los dos contratos transitorios con APM Terminal, subsidiaria del grupo Maersk y con TIL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC) con la AMP son “una muestra de confianza en el país, que recupera su imagen y estatus internacional que nunca debió perder”, ya que se trata de las dos mayores navieras del mundo.
Añadió que al plan de transición se han sumado más empresas y expertos para trabajar juntos aportando su capacidad, experiencia y conocimiento al servicio de los puertos en esta etapa transitoria.
Dijo que todo lo realizado “no fue en contra de nadie, sino en cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana”.
Mulino aseguró a los más de 7,000 trabajadores de ambos puertos que tienen sus puestos de trabajo garantizados, así como a los proveedores que podrán seguir brindando sus servicios y a los clientes que podrán seguir operando. “Quiero felicitar públicamente el trabajo de todo un equipo, coordinado por el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, con la coordinación del secretario de Metas, José Ramón Icaza, el equipo legal, el equipo del ingeniero Luis Roquebert de la AMP, también del MEF encabezado por el ministro Felipe Chapman, el de seguridad con Frank Ábrego y la directora de Aduanas Soraya Quintero”, destacó el mandatario.
