A pesar de que la corrupción se ha convertido en la principal preocupación ciudadana en Panamá y es vista como un obstáculo para el desarrollo y el empleo, la Asamblea Nacional mantiene estancados numerosos proyectos de ley anticorrupción. La inacción en el debate de estas iniciativas legislativas, pese a la magnitud de las denuncias (92% de casos de corrupción entre 2018 y 2024), socava la confianza y permite que la impunidad persista, generando un llamado urgente de la sociedad civil por transparencia e integridad.