Bocas del Toro atraviesa una crisis económica y social severa debido al colapso de su actividad económica, la salida de una empresa clave y el impacto en el turismo, con desabastecimiento y desempleo crecientes. Aunque hay señales de diálogo mediado por la Iglesia Católica para abordar la Ley 45, se exige acción inmediata y apolítica.
Un Panamá desarrollado exige el fortalecimiento del Estado de Derecho y una justicia imparcial para todos. A pesar de las miles de denuncias por corrupción y blanqueo, la mayoría no llega a sentencia firme, lo que subraya la necesidad de una aplicación de la ley sin privilegios ni demoras.
La situación en Changuinola se agrava por el uso político del sindicato, ignorando la ley y el bienestar de los trabajadores, lo que ha llevado a una huelga ilegal con graves consecuencias humanas y económicas, similar al declive de Puerto Armuelles.
Panamá ha prosperado con su sistema democrático y de libre mercado, aunque enfrenta desafíos urgentes como la corrupción y deficiencias en servicios básicos, los cuales deben resolverse fortaleciendo el sistema actual, no cambiándolo, según el sentir de la ciudadanía expresado en las elecciones. El país rechaza modelos autoritarios y prioriza autoridades responsables y transparentes, instando a la acción con verdad y sentido de nación en lugar de obstrucciones basadas en falsedades.
La CCIAP de Panamá exige el fin de las huelgas y cierres de calles, argumentando que no hay justificación válida y que estas acciones perjudican a todos los panameños, afectando la economía y la vida diaria. Aclaran que la ley de jubilación no aumenta la edad actual y que se han mantenido o mejorado beneficios para diversos grupos.
Panamá, con la experiencia de unidad en la lucha por el Canal, enfrenta nuevos desafíos cruciales como la CSS, la mina y la gestión hídrica, requiriendo diálogo nacional, transparencia y visión estratégica ante un entorno global cambiante.
La CCIAP denuncia las huelgas de sindicatos y docentes como medidas irresponsables basadas en falsedades, que perjudican la economía, la educación y la estabilidad social del país. Exigen que se dejen de usar excusas falsas y se permita a los panameños trabajar y avanzar.
La CCIAP elogia las auditorías en la Asamblea Nacional y pide extenderlas al Ejecutivo y entidades autónomas para erradicar pagos a quienes no trabajan y el “cashback”, calificándolos de robo al erario. Instan a la Contraloría, Asamblea y Ejecutivo a trabajar juntos para castigar estas prácticas y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Esta semana, Panamá ha visto acciones cruciales de la Contraloría y la Procuraduría contra la corrupción, mientras la Asamblea Nacional propone una ley de amnistía que contradice estos esfuerzos. En un contexto internacional delicado, se exige transparencia y unidad al gobierno, rechazando cualquier intento de impunidad y priorizando el interés nacional sobre agendas políticas.
Mientras se cuestionan nuevos llamados a paros escolares no justificados, la CCIAP resalta la necesidad de una educación continua y de calidad, señalando fallas profundas en el sistema pero destacando el exitoso modelo de formación técnica del ITSE que logra alta empleabilidad. La Cámara también apoya los esfuerzos del MEDUCA por mantener las clases y exige un compromiso nacional con la educación, sin más interrupciones.
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