Fuente: MICI

La Comisión Interministerial presentó ante la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) los seis criterios que sustentan sus recomendaciones para abordar la situación de la mina de Donoso y procurar un cierre ordenado, autofinanciado y sujeto al cumplimiento del marco jurídico panameño.

Durante el conversatorio, los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente, explicaron los componentes económicos, sociales y ambientales del informe entregado al presidente de la República, José Raúl Mulino. Reiteraron que las recomendaciones no constituyen una decisión adoptada y que corresponde al Presidente definir las instrucciones para los siguientes pasos.

• La comisión destacó que la propuesta se fundamenta en seis criterios: 
• Acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, con pleno respeto a la Constitución y las leyes de la República.
• Reafirmar la propiedad del Estado sobre los recursos minerales, preservando los derechos de los panameños sobre las riquezas del territorio nacional.
• Evitar costos fiscales para la nación, mediante un esquema que genere los recursos necesarios para el mantenimiento del sitio y su cierre ordenado.
• Garantizar transparencia y verificabilidad, con información pública que permita conocer y comprobar las actuaciones.
• Priorizar a las comunidades y personas directamente afectadas por la suspensión de operaciones, considerando sus necesidades sociales y económicas.
• Asegurar supervisión externa con estándares internacionales, para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

El titular de Comercio e Industrias explicó que la comisión recomendó evaluar la viabilidad de una nueva relación con la empresa que permita resolver los procedimientos arbitrales y establecer las condiciones para una operación por un período definido, orientada a sostener el sitio y financiar su cierre, sin posibilidad de prórrogas. Por su parte, Chapman destacó que cualquier alternativa requiere identificar quién ejecutaría el cierre, cuánto tiempo tomaría y cómo se financiaría. Advirtió que asumir sus costos con recursos públicos tendría implicaciones significativas para las finanzas nacionales. 

Navarro aportó que la suspensión de operaciones no equivale a un cierre ambiental ordenado. Planteó la necesidad de un programa debidamente aprobado y autofinanciado, con reducción de la huella ambiental, participación comunitaria y veeduría ciudadana permanente para garantizar la gobernanza del país. 

Para Alberto López Tom, presidente de APEDE, el dialogo con la comisión interministerial es una muestra de apertura hacia la ciudadanía y el sector privado. “Se valoró la oportunidad de escuchar directamente a los ministros, formular preguntas y recibir respuestas a las inquietudes sobre las recomendaciones y el futuro de la mina”, dijo López Tom. 

Eric Molino y Janitze Torres, también miembros de la asociación exhortaron a los panameños a leer e informarse sobre el contenido de las recomendaciones. Destacaron la importancia de promover la participación y el acceso a esta información en las provincias Centrales y en todo el país, para que el diálogo tenga alcance nacional. 

El encuentro con APEDE se suma al diálogo previo de la comisión con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), en el que se abordaron las recomendaciones y se intercambiaron opiniones con representantes empresariales.