Fuente: Hub News

Panama Ports Company S.A. (PPC) rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional la Ley No 5, del 16 de enero de 1997, que anula su concesión.

La compañía, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, indicó que aún no ha sido notificada de la decisión y considera que ésta “es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas, según la declaración mencionada y la evaluación realizada por los abogados del procedimiento mencionado”.

Atribuyó el fallo al “ultimo desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC”.

Resaltó que, durante 28 años de operación, PPC y su inversionista han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país. “Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo y generando un impacto positivo para toda la nación”.

PPC aseguró que la concesión otorgada fue producto de una licitación internacional transparente y desde ese momento la compañía ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración.

“El nuevo fallo, basado en información disponible, carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, sino también el estado de derecho y la seguridad jurídica del país. El fallo es diametralmente opuesto a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al contrato de PPC”.

Añadió que “la campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global. La estabilidad institucional y legal y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el estado de derecho”.

PPC reiteró su “compromiso con Panamá, con sus trabajadores, con las comunidades de Balboa y Colón, y con todos los actores, como se refleja en su cooperación continua con el Estado, a pesar de los acontecimientos del último año. Por la campaña afectando a PPC y sus inversionistas, la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales.

PPC y sus inversionistas siempre han buscado cooperación con el Estado panameño y reitera su llamado a la coordinación y consultas respetuosas para evitar disrupción y proteger la concesión que ha brindado servicios de calidad para el desarrollo de Panamá y el mundo.