Fuente: COEL
El pasado 22 de agosto, el Consejo Empresarial Logístico (COEL), en su rol de voz unificada del sector logístico de Panamá, expresó su profunda preocupación por el anteproyecto de ley que busca derogar el contrato de concesión del Ferrocarril del Canal de Panamá. Esta iniciativa legislativa, si bien puede surgir de buenas intenciones, representa un grave riesgo para la integridad de la seguridad jurídica del Estado y la reputación de Panamá como un destino de inversión confiable.
La seguridad jurídica no es un concepto abstracto; es el pilar fundamental que sustenta la confianza de la inversión, tanto local como extranjera. Actuar de manera unilateral y arbitraria para rescindir un contrato legalmente establecido envía una señal alarmante a la comunidad internacional y a los inversionistas que han confiado en nuestro marco legal. Un paso en esta dirección podría llevar a costosos arbitrajes internacionales, afectar negativamente el clima de negocios y poner en riesgo la estabilidad del país.
Nuestro sector, que es el motor de la economía panameña, depende de la estabilidad y la predictibilidad. La operación del Ferrocarril del Canal es un componente vital del engranaje logístico, que conecta nuestras terminales portuarias en ambos océanos. Interrumpir o anular esta operación sin un proceso transparente y un análisis técnico y legal exhaustivo no solo afecta a una empresa, sino que desestabiliza toda la cadena de valor que genera miles de empleos y contribuye significativamente al Producto Interno Bruto.
En lugar de acciones unilaterales que socavan la confianza, COEL aboga por un diálogo constructivo y basado en la ley. Exhortamos a las autoridades a sentarse a la mesa con el sector privado para analizar el contrato en cuestión, identificar oportunidades de mejora dentro del marco legal existente y buscar soluciones que fortalezcan nuestra plataforma logística, en lugar de debilitar la imagen de Panamá.
COEL reitera su compromiso con un sector logístico robusto, competitivo y, sobre todo, transparente y apegado a la ley. Por el bien del desarrollo de Panamá, es imperativo que prevalezca la prudencia y el respeto por los principios de la seguridad jurídica.
