Concesionarios poderosos, instituciones débiles

La semana del 20 de marzo el Instituto del Canal de la Universidad de Panamá, con el apoyo de la Universidad Marítima de Panamá, la Autoridad Marítima, la Autoridad del Canal y la Cámara Marítima, realizó un seminario denominado “Resiliencia del Sector Marítimo Panameño”. El evento trataba en términos generales la situación del entorno y la forma en que el sector marítimo debe hacer frente a las adversidades y aprovechar las oportunidades.

Como invitado especial el seminario contó con la participación del Dr. Ricardo Sánchez, Jefe de Transporte y Energía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En su presentación, Sánchez hizo un recuento histórico del proceso de privatización de la industria marítima y del transporte en América Latina, y elaboró sobre las consecuencias que ello ha tenido en muchos países de la región.

El proceso de privatización inicia a finales de la década de los 80 y alcanza su momento cumbre en los 90. Uno de los datos más relevantes que mostró Sánchez es la forma en que han evolucionado las concesiones portuarias en la región: de 11 en el año 1995 llegó a cerca de 70 en 2016. Concesiones que se han otorgado principalmente a cuatro de los operadores globales más grandes, entre las que figuran APMT, PSA, DPW y HPH.

Explicó que conforme se iba dando el proceso de privatización, como consecuencia también se iba dando el debilitamiento de las instituciones llamadas a planificar y regular el sector. Una de las diapositivas mostraba el poder económico de estas multinacionales; en 2015 tan solo en el sector portuario los operadores globales habían generado más de 18 mil millones de dólares en ingresos brutos. O sea que muchas de estas multinacionales generan en ingresos más que el PIB de muchos de los países en los que operan. Esta realidad pone en relieve el poder económico que estas empresas representan ante gobiernos que muchas veces no tienen las instituciones ni las leyes para hacerles frente en momentos de negociación o de regular el sector.
Aplicada esa información a Panamá, no es difícil comprender el problema que ha enfrentado la Autoridad del Canal de Panamá para avanzar el proyecto de Corozal hasta su materialización. A pesar de ser la ACP una entidad institucionalmente fuerte, al momento en que el tema ha trascendido a la arena política, esta agencia ha demostrado que no cuenta con el músculo para hacer frente al poder económico que ha trascendido y que ha permeado al mundo político.

En el caso particular del proyecto de Corozal, es posible que además de que el proyecto sea liquidado, en el camino se afecte la institucionalidad de la ACP de manera irreversible; ello que traería consecuencias irreparables para el país, especialmente en momentos en que la correlación de fuerzas internacional se encuentra en un proceso de redefinición. Debemos recordar que el Canal sigue siendo un eslabón importante para los intereses de Estados Unidos y el poner en riesgo su institucionalidad pudiera abrir las puertas a poner en marcha cláusulas del Tratado de Neutralidad permanente, que hasta ahora ni siquiera se habían contemplado. Además del momento geopolítico internacional, debemos señalar el momento de debilitación de la imagen nacional ante el mundo, producto de los escándalos que han vulnerado nuestra posición en todos los sentidos.

Quizás puedo sonar alarmista pero hay demasiados frentes abiertos en estos momentos para, además de esos, emprender una cruzada en contra de la ACP, con un fin, que no está del todo claro, si tiene que ver nada más con el puerto de Corozal, o si también tiene que ver con los reclamos de GUPC y muchos otros temas en los que se mueven intereses políticos y económicos muy grandes.

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